Home

Nación

Artículo

| Foto: SEMANA

JUSTICIA

Casa por cárcel a cinco personas señaladas de vandalismo en protestas en Bogotá

Se les atribuyen hechos violentos contra varios CAI de Bogotá y ataques a miembros de la fuerza pública, además de asaltos a buses del Sitp.

19 de octubre de 2020

Un mes y medio después de las fuertes protestas registradas en Bogotá y otras ciudades el 9 y 10 de septiembre, que dejaron al menos 11 muertos y decenas de heridos, la Fiscalía General anunció que cinco personas señaladas de terrorismo urbano fueron enviadas a casa por cárcel.

Se trata de cuatro hombres y una mujer a quienes el ente investigador señala por su presunta participación en los disturbios y hechos vandálicos contra varios CAI de la capital, además de ataques a miembros de la fuerza pública y buses Sitp.

Los capturados fueron identificados como Nelson David Villamil, Pedro Anderson Sánchez, Lina Verónica Mayorga, Camilo Andrés Rangel y Guillermo Alfonso Correal, detenidos por las autoridades con base en inspecciones judiciales, labores de vecindario, declaraciones, entrevistas, análisis de videos y reconocimiento fotográfico.

Durante las audiencias virtuales, la Fiscalía solicitó detención privativa de la libertad en un centro carcelario, fundamentada en evidencias y elementos probatorios, pero el juez 64 de garantías dictó medida de casa por cárcel para cada uno los investigados.

En concreto, los cargos imputados por la Fiscalía van desde terrorismo agravado y violencia contra servidor público, hasta porte ilegal de armas y hurto calificado, pero ninguno de los señalados aceptó su responsabilidad por los crímenes que les fueron endilgados de la siguiente manera:

  • Nelson David Villamil Tolosa, 28 años de edad, imputado por violencia a servidor público. Esta persona al parecer atacó con arma blanca, en una pierna, a la patrullera de la policía Jessica Lorena Patiño cuando se desplazaba en su motocicleta cerca del CAI del barrio Venecia, en el sur de Bogotá.
  • Pedro Anderson Sánchez Pirabán y Lina Verónica Mayorga Luque, ambos de 25 años, fueron procesados por terrorismo agravado teniendo en cuenta que habrían sido quienes dirigieron y facilitaron elementos para que vándalos atacaran el CAI del barrio Florida, así como algunas viviendas y locales comerciales del mismo sector.
  • Camilo Andrés Rangel Reyes, de 18 años, fue imputado por perturbación al servicio de transporte público y hurto calificado agravado. Presuntamente, utilizando un arma de fuego, intimidó a un conductor de del Sitp en la Avenida Ciudad de Cali con calle 92, y le habría hurtado su teléfono celular, en hechos ocurridos a mediodía del jueves 10 de septiembre.
  • Guillermo Alfonso Correal Sierra, 65 años, imputado por tentativa de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Se presume que en un acto de intolerancia disparó contra un adolescente de 17 años que protestaba en el CAI en el barrio Suba, La Gaitana. El menor resultó herido por impacto de arma de fuego en la espalda.

El fiscal delegado Javier García Trochez indicó que la captura de los supuestos implicados se logró tras un trabajo articulado entre la Dirección Especializada contra las organizaciones criminales y la Sijin, resultado que “hace parte de la estrategia para combatir el terrorismo urbano fijada por el señor fiscal general, Francisco Barbosa”.

Otros capturados

La medida de casa por cárcel contra estas cinco personas se da luego de que a finales de septiembre el Juzgado 74 de Garantías enviara a la cárcel a las cuatro primeras personas capturadas por su presunta participación en actos de vandalismo en Bogotá durante las protestas de ese mismo mes.

Estas personas fueron identificadas como Erika Flórez, Greyssi Perilla, Miguel Parga y Justo Villarraga. Autoridades señalaron en su momento que alias Erika fue acusada de ser la coordinadora de movimientos, reclutamiento y adoctrinamiento en centros universitarios de Bogotá.

La Fiscalía estableció que esa mujer y las otras cuatro personas “harían parte de células terroristas urbanas, identificadas como Escuelas de Resistencia Civil, Uniones Solidarias y Comandos Urbanos, que pertenecerían a las disidencias de las Farc”, por lo que el ente les imputó cargos por terrorismo, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, y concierto para delinquir.

Sin embargo, el descubrimiento de este grupo ilegal no se dio a raíz de los desmanes del 9 de septiembre, sino que se remonta a una investigación iniciada en febrero de 2019, cuando en una acción militar murió Édgar Mesías Salgado Aragón, alias Rodrigo Cadete, cabecilla de las disidencias en el suroriente del país.

Según la Fiscalía, en ese operativo fueron incautados documentos de la guerrilla que explicaban los lineamientos para la creación de los llamados colectivos o uniones solidarias, una iniciativa criminal que lideraban personalmente Gentil Duarte y alias Iván Mordisco. La investigación apunta a que el colectivo urbano que operaba en Bogotá se formó en enero de 2020 y estaba integrado por cinco personas, entre las que se encuentran los señalados.