Violencia en tiempos electorales: tres casos que evidencian el complejo panorama

Sin nombres de victimarios, pero con amenazas claras, así viven varios funcionarios públicos, precandidatos, candidatos, militantes políticos, autoridades indígenas y denunciantes de corrupción en Colombia, meses antes de las elecciones.

Según el primer informe de violencia política y dinámica electoral realizado por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), entre el 28 de octubre de 2018 y el 30 de marzo de 2019, van 80 víctimas. Los funcionarios elegidos popularmente son el segmento más victimizados, con un 59 por ciento.

El gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano, forma parte de esa cifra, tras recibir amenazas. Su familia es reconocida en Pasto por su cercanía con los proyectos de izquierda, empezando con el M-19. Su padre fue concejal de Pasto en tres oportunidades. Fue electo congresista por el Polo Democrático Alternativo para el período 2010-2014 y en 2015 se lanzó a la Gobernación de Nariño por coalición del partido verde y AICO

En febrero de este año, una mujer de aproximadamente 37 años, cabello negro, recogido, estatura media y delgada, llegó hasta su despacho, logró pasar la portería del edificio y burlar al menos otros dos filtros de seguridad que hay hasta la secretaria privada del gobernador. Se presentó como una “explosivista del ELN” y dijo tener bajo su control tres carros bomba para la ciudad de Pasto y aseguró que uno de ellos sería dirigido a Romero.

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Ya en julio y agosto de 2018 el gobernador había recibido otras dos amenazas, a través de panfletos emitidos por supuestos integrantes de las Águilas Negras. En esos escritos se mencionaba el nombre del gobernador y al menos otras veinte personas y organizaciones, todos ellos pertenecían a mesas de víctimas, eran líderes sociales o políticos en ejercicio. Según el gobernador, después de que se realizara un consejo de seguridad por esos hechos amenazantes, la Fuerza Pública le respondió diciendo que las “Águilas negras no existen”.

La investigación del caso de la mujer se cerró cuando el ELN envió un comunicado en el que decía que ellos no eran responsables de la intimidación. Pero el gobernador continúa intranquilo. “A mí me van a intentar joder de cualquier manera”, dice, y agrega que “vivir amenazado es insoportable porque afecta a lo íntimo, a lo más sagrado, a mi círculo íntimo. Es una situación jarta e incómoda”.

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Para el gobernador es absurdo que este tipo de amenazas se presenten en un contexto de “posconflicto”. “Mi gobierno acompañó la paz de manera clara y abierta. Nariño fue uno de los departamentos que más votó en el plebiscito, fue un clamor regional. Nosotros nos la jugamos por la paz, marchamos por la paz, pero nunca, nunca ha llegado la paz a Nariño”, señala el mandatario, quien además se muestra preocupado porque el gobierno actual “no abre ninguna alternativa, sino que por el contrario el conflicto y la guerra se están recrudeciendo”.

“A mí me pueden matar en cualquier momento”: diputado Camilo Torres

El diputado de Santander, Camilo Torres Prada, nació en Barrancabermeja, es economista e hijo del exconcejal Alfonso Torres Duarte. Llegó a la Asamblea Departamental el 7 de noviembre de 2017, en reemplazo de Roberto Schmalbach Cruz, por el Polo Democrático Alternativo, quien renunció a su curul para participar como candidato a la Cámara de Representantes por Santander. Para las elecciones de 2015 Torres ocupó el segundo lugar en la lista del Polo, detrás de Schmalbach, alcanzando 9.815 votos. Actualmente hace parte del partido Alianza Verde.

El hecho victimizante se presentó el 28 de enero de este año en Puerto Wilches. El diputado se encontraba en el municipio con la intención, dice el corporado, de concientizar a las personas del lugar para que no voten por los mismos políticos que tienen estancado y no invierten en el desarrollo del municipio.

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Mientras realizaba su actividad, dos hombres en moto se acercaron al candidato y uno de ellos lo amenazó diciendo que debía irse y no volver.

El diputado no contaba con esquema de seguridad y afirmó que no era la primera vez que lo amenazaban en el municipio, sino que en el año 2015 mientras recorría también las calles de Puerto Wilches, cerca al muelle, dos hombres en moto lo abordaron y le dijeron a secas: “Lo vamos a matar, váyase y no vuelva nunca más al municipio” afirmó el diputado a este medio.

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Torres Durán cree que estas amenazas son producto de las denuncias que ha hecho junto con su equipo, sobre todo con temas que tienen que ver con la adjudicación de licencias ambientales, tal es el caso del relleno sanitario de Barrancabermeja, el cual, según el diputado, está en una zona protegida muy cerca de la Ciénega de San Silvestre, que es de donde 300.000 barranqueños toman agua. Debido a esto es que se cree que se han presentado ya 12 casos de acefalía en esa ciudad.

Según el diputado también han sido muy críticos frente a la liquidación de Ferticol. Así mismo ha denunciado los casos de afloramiento de los pozos de Ecopetrol y ha propuesto sesiones descentralizadas en las comunidades para tratar de concientizar a las comunidades sobre las contaminaciones ambientales que ha causado la petrolera en la región. Esto explicaría las razones que tendrían para amenazarlo. “Todos los que llegan a pelear con Ecopetrol son amenazados”, dice Torres Durán.

Pese a las denuncias por amenazas, el diputado hasta hoy sigue trabajando sin ningún esquema de seguridad. “Yo hago mi trabajo, yo hago controles, denuncias y yo no tengo esquema, a mí me pueden matar en cualquier momento”, asegura.

A esto se suma la falta de confianza que el diputado tiene hacia las instituciones del Estado: “Yo no confío ni en la Policía. No confío en ellos porque para mí la Policía hace parte de la misma bolsa corrupta y delincuencial, no son todos, pero sí la mayoría”, señala.

El objetivo de las amenazas, dice, es claro: “Es la única herramienta que tienen los corruptos, los antiambientalistas, los antidemócratas para sacarnos a nosotros que estamos haciendo un trabajo concienzudo para tratar de generar desarrollo en los diferentes territorios”, asegura.

Un caso mortal

Jesús Perafán era presidente de Junta de Acción Comunal del barrio Valle en el municipio de Caicedonia (Valle del Cauca), fue asesinado el 31 de diciembre de 2018 cuando se encontraba en su tienda de abarrotes. De acuerdo con información de las autoridades, Perafán se encontraba en su establecimiento cuando hombres armados le dispararon en repetidas oportunidades. Los atacantes huyeron y posteriormente el líder fue llevado al centro médico del municipio donde horas más tarde se confirmó su muerte.

Perafán Se caracterizaba por ser un líder carismático que contaba con el apoyo de la comunidad. Era el fundador del movimiento político Coraje Caicedonia. Por otro lado, este líder había denunciado casos de corrupción en el municipio por mal manejo de dineros, así como también era veedor en el tema de salud. Era precandidato para el Concejo de su municipio.

Las autoridades señalaron que no hubo testigos del asesinato, lo que según ellos ha dificultado las labores de búsqueda de los supuestos responsables. Hoy, cuatro meses después, el asesinato de Jesús Perafán sigue sin resolverse.

Este es uno de los casos de asesinato que se presentan en el informe de violencia política publicado por Pares en abril de este año. El informe registra hechos victimizantes en contra de funcionarios públicos, precandidatos, candidatos, militantes políticos, autoridades indígenas y denunciantes de corrupción.

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Las cifras que registra este informe son alarmantes. Desde el 27 de octubre de 2018 hasta el 30 de marzo de 2019, excluyendo los hechos perpetrados contra líderes sociales, en el Sistema de Información de la Fundación Paz y Reconciliación se contabilizan 42 hechos de violencia electoral, que dejaron un total de 80 víctimas.

Según el informe los sectores políticos más victimizados son aquellos que se encuentran en crecimiento, es decir, los sectores alineados con el gobierno y los partidos de oposición.

De acuerdo con Pares, los perpetradores que usan el nombre de Águilas Negras, concentran su accionar en amenazar a perfiles políticos afines o pertenecientes a partidos de oposición como en el caso de las dos primeras amenazas en contra del gobernador de Nariño, Camilo Romero.

Aunque a este actor no se le ha logrado atribuir ningún asesinato, son, según el informe de Pares, quienes más han amenazado con el 16,25 por ciento de todos los casos (13 amenazas) en lugares como Bogotá, Pueblo Rico (Risaralda), Mocoa (Putumayo), Buga y Alcalá (Valle del Cauca).

El panorama es preocupante, aún más cuando los afectados al realizar las denuncias de amenazas en su contra, la respuesta que obtienen por parte de las autoridades es que este grupo armado “no existe”.

A pesar de las cifras, la mayoría de los casos siguen sin resolverse. La acción de las autoridades sigue siendo lenta, mientras tanto las víctimas continúan angustiadas y reclamando a gritos que les suministren protección.