Las nuevas concesiones

La gestión del Gobierno a través del Ministerio de Transporte en cuanto a las concesiones viales durante el actual mandato ha generado dos graves consecuencias.

En primer lugar, como medida populista, al comienzo del gobierno del presidente Petro, se decidió congelar el cobro de peajes y, en algunos casos, eliminar casetas de cobro, debido a presiones de la comunidad. Esta decisión ha resultado en un déficit en el presupuesto nacional de más de un billón de pesos y ha puesto en una situación económica grave a los concesionarios, generando un desequilibrio en los contratos que ha llevado a la suspensión de obras en algunos casos y al riesgo del patrimonio de las empresas involucradas en esas concesiones en otros. Además, es evidente que estas decisiones conducirán a demandas por parte de los concesionarios para reclamar los perjuicios causados por las medidas populistas del Gobierno.

En segundo lugar, y quizás con mayores repercusiones para el futuro económico del país, estas decisiones populistas minan la confianza en el Gobierno. Es probable que muy pocas empresas, tanto nacionales como internacionales, se presenten para nuevos proyectos de infraestructura en Colombia, debido a la falta de garantías y confianza que ha generado el Gobierno. Esto podría tener un impacto significativo en el desarrollo económico del país a largo plazo.

El exitoso modelo de concesiones adoptado por Colombia, que permitió el avance en infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y ferroviaria, ha sido socavado por las acciones del actual Gobierno. Gracias a este modelo, en el pasado se lograron construir más de 60 proyectos viales, 16 aeroportuarios, 61 portuarios y 2 ferroviarios, lo cual contribuyó significativamente al desarrollo del país.

Sin embargo, los ciudadanos colombianos y los inversionistas no pueden simplemente lamentarse por las decisiones populistas y perjudiciales que ya ha tomado el Gobierno actual. Es necesario buscar de manera creativa alternativas distintas para abordar esta situación, como lo mencionó en una entrevista radial el actual gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Ante la urgente necesidad de concluir las vías concesionadas que atraviesan su territorio, ha instado enérgicamente al Gobierno a entregarlas a los antioqueños para su finalización.

No obstante, surge la pregunta de cómo lograrlo. El Gobierno nacional está explorando la posibilidad de establecer un sistema de valorización para las propiedades que se benefician directamente de la construcción de estas concesiones, en lugar de depender exclusivamente de los peajes para su financiamiento. Esta estrategia, que ha funcionado en el departamento de Antioquia, con algunas excepciones, debería complementarse con la aplicación de la plusvalía como otra opción para financiar las concesiones, a fin de no cargar todo el peso del financiamiento en el sistema de peajes.

Al diversificar las fuentes de financiamiento, se podría replantear el sistema de cobro de peajes, especialmente para los vehículos de carga. En lugar de basarse únicamente en el tamaño y el número de ejes de los camiones, se podría implementar un sistema más justo y equitativo. La propuesta consiste en que el peaje se calcule en función del peso efectivo de la carga que transporte el vehículo: a mayor peso, mayor sería el peaje, y viceversa.

Esta medida se aplicaría mediante el uso de básculas en todas las carreteras concesionadas del país, donde se determinaría el monto del peaje por cada tonelada de carga efectiva que lleve el vehículo. Esto garantizaría que los vehículos que generan más desgaste en las carreteras contribuyan de manera proporcional a su mantenimiento, mientras que aquellos con cargas más ligeras pagarían menos, debido a su menor impacto en la infraestructura vial.

La propuesta se aplicaría tanto a las concesiones existentes como a las nuevas, asegurando así un equilibrio en los ingresos para mantener la viabilidad del sistema.

Igualmente, con el objetivo de hacer más viable el sistema de concesiones, se podría proponer y aplicar una medida para las nuevas obras por concesión que este gobierno planea ejecutar, así como dejarla planificada para las próximas décadas, como lo ha mencionado el ministro de Transporte, con relación a nuevas concesiones en carreteras, sistemas férreos, puertos y aeropuertos.

Para reducir los costos de los proyectos, se podría considerar cambiar uno de los rubros más significativos en la construcción de infraestructura, ya sea vial, ferroviaria o aeroportuaria: el costo del valor de la tierra. En Colombia, este costo suele ser bastante elevado, representando entre el 20 % y el 30 % del valor total del proyecto. Mi propuesta consiste en que los propietarios o poseedores de las tierras por donde pasen las obras de infraestructura, y cuya compra sea necesaria, reciban un valor equivalente al determinado por un estudio predial catastral que establezca el valor comercial de las mismas.

En lugar de pagar este valor en efectivo al propietario, quien está obligado a vender, se cuantificaría el valor de su participación accionaria en el proyecto. Estos derechos accionarios podrían ser posteriormente vendidos o negociados en el mercado abierto de valores, de acuerdo con la regulación gubernamental, si el propietario no desea participar como socio del proyecto.

Esta medida permitiría que ni el Gobierno ni el concesionario tuvieran que desembolsar grandes sumas de dinero para adquirir tierras necesarias para la ejecución del proyecto. Esta fórmula tendría aplicabilidad en todos los sistemas de concesiones donde sea necesario comprar tierras para su ejecución.

En conclusión, las medidas planteadas serían esenciales para restaurar la viabilidad del sistema de concesiones y asegurar el desarrollo económico sostenible del país a largo plazo.