Tolima, en alerta roja: habitantes son víctimas de retenes ilegales, carnetización y extorsión por parte de grupos criminales

En medio de las negociaciones de la paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro, varias zonas vulnerables del país han visto recrudecer la violencia a manos de los grupos que se encuentran en diálogos, incluso violando los ceses al fuego pactados para reducir las hostilidades contra el Ejército y la población civil.

Una de las zonas más golpeadas en los últimos meses es el departamento del Tolima, donde estructuras del Estado Mayor Central de Iván Mordisco se toman municipios en norte, centro y sur del territorio. El general Helder Fernán Giraldo Bonilla, comandante de las Fuerzas Militares, visitó las partes más críticas del departamento y su balance muestra el innegable fortalecimiento de los grupos al margen de la ley.

“La intención es evitar el acceso de estructuras de grupos armados organizados, especialmente el Estado Mayor Central, que pretende retomar antiguas áreas que tuvo bajo su control delictivo”, manifestó el general el pasado jueves, anunciando una serie de medidas para contener los avances de las disidencias de las Farc.

Pero quien ha visibilizado la situación del departamento ante el país es la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien le ha hablado de frente y sin tapujos al presidente Gustavo Petro, incluso criticando varias acciones del Gobierno, para que fortalezca la seguridad en el territorio.

En entrevista con SEMANA, la mandataria departamental detalló la operación criminal de las estructuras de la disidencia, sus actividades de control territorial, presiones a la ciudadanía y formas de lucrarse ilegalmente a costa del esfuerzo de los tolimenses.

La gobernadora informa que el problema se desencadena por el actuar de las estructuras Ismael Ruiz y Darío Gutiérrez, de las disidencias. Al mismo tiempo, existe delincuencia común que en el norte del departamento influye con microtráfico y hurto. En la zona central se vive un aumento en el abigeato y el sur es territorio controlado en mayor medida por las Farc.

Matiz asegura que la situación impacta a todos los municipios, pero resalta a Chaparral, Rioblanco, Planadas y Ataco, que forman parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), como los más afectados. La violencia no es nueva para sus habitantes, que viven una situación que desde hace más de una década no se presentaba.

“Se han dedicado a realizar actos que no se veían desde hace más de 15 años en nuestro departamento, por ejemplo, a hacer retenes ilegales. Hemos tenido retenes en los municipios de Chaparral y de Ataco, en un paso entre Las Señoritas y Santiago Pérez. También hemos tenido retenes ilegales en Puerto Saldaña. Las Farc marcan carros otra vez, como sucedió con un exalcalde del municipio de Rioblanco. Por otra parte, están llamando a las diferentes comunidades a reuniones. Estamos preocupados”, manifestó la gobernadora a este medio.

Detalló que los principales problemas son la carnetización, extorsión contra cafeteros y comerciantes, y los retenes ilegales. Todo esto acompañado de control bajo amenazas y promesas de represalias contra la sociedad civil.

“La extorsión en mi departamento se ha incrementado en más del ciento por ciento. La situación ha sido bien delicada durante este año y eso nos tiene supremamente preocupados. Los homicidios están más controlados. Teníamos 47 y en 2024 vamos en 44. Lo hemos logrado bajar, pero cuatro de los homicidios están ligados a las disidencias de las Farc y eso nos preocupa muchísimo”, manifestó.

El poder de las disidencias sobre los habitantes de zonas vulnerables del Tolima es visible con los documentos, comunicaciones y ataques de los guerrilleros. SEMANA conoció varias notas con las que se cita a los tolimenses a reunirse con los cabecillas de las estructuras, con el fin de exigirles recursos para su financiamiento.

“Reciba un cordial saludo revolucionario de parte de las Farc-EP. Por medio de esta nota nos dirigimos a usted para que haga presencia el día 12-02-2024 en la escuela de la vereda San Rafael, corregimiento de Santa Ana, Huila, a las 10:00 a. m.”, se lee en una de las cartas.

La nota, que cita en los límites entre el departamento del Huila y el Tolima, a la altura del municipio de Dolores, cuenta con un formato impreso de “notificación”. En uno de los casos cuenta con un sello del bloque Comandante Jorge Suárez Briceño y otros son marcados por la estructura Darío Gutiérrez, la cual está afiliada a la anterior.

Ambas dicen el mismo mensaje al final del espacio para que los milicianos escriban la nota: “¡Pueblo y dignidad, Manuel Marulanda vive, la lucha sigue!”. También se conoció que en las últimas semanas el bloque difundió un panfleto en el que dan “orientaciones para el buen vivir de las comunidades”. Según el documento, prohibieron “el expendio de licores y cigarrillos a menores de 16 años” y ordenan que los negocios pongan los avisos.

Piden hora de cierre de los comercios, “volumen moderado” en ellos, anuncian la imposición de “multas” a quien no cumpla y aseguran que se debe organizar los sitios después de eventos. También dicen que “el personal de cada caserío tendrá que realizar un día de jornada comunitaria al mes para embellecerlo”.

Además, señalan que “todo carnet deberá llevar el logo de junta de acción comunal y el logo de la organización base”. De recibir una visita, según el panfleto, se deberá presentar ante ellos, con el fin de sacarles un “permiso de permanencia temporal”.

También dan pautas sobre censos familiares en cada vereda, velocidad de los vehículos, sanciones por “rumores y chismes”, consumo de sustancias psicoactivas, huertas caseras, caza y pesca, y sacar madera para fines comerciales.

Le hicieron caso a la gobernadora

La situación que vive la ciudadanía fue denunciada por la gobernadora en varias ocasiones, reclamándole al presidente porque se sentía sola combatiendo la delincuencia y diciéndole que la seguridad no se garantiza “a través de intervenciones en televisión, ni a través del Twitter”.

Incluso, en una cumbre de seguridad en Bogotá, fue con una camisa que decía: “Violencia, guerrilla y narcotráfico reaparecen en el Tolima”, con el fin de llamar la atención de Iván Velásquez, ministro de Defensa. En conversación con SEMANA, la gobernadora aseguró que le están ayudando con la presencia del Estado y que sus quejas públicas valieron la pena.

“Yo fui a la cumbre de seguridad en Bogotá a exigir menos retórica y más acciones concretas del Gobierno nacional para combatir la delincuencia y la guerrilla en el sur del Tolima. Nosotros no podemos quedarnos mudos, ni tampoco voy a permitir que 20 años de esfuerzo de gobiernos departamentales, nacionales y cooperación internacional se echen a la basura. Creo que fuimos escuchados”, indicó.

A raíz de los fuertes llamados al Gobierno, el próximo 3 de abril el Ministerio de Defensa liderará un consejo de seguridad, con la presencia de Velásquez, en el municipio de Planadas, uno de los más afectados por la situación.

Por otro lado, las Fuerzas Militares se comprometieron a reforzar el canal militar en el Tolima, a inaugurar un batallón de operaciones terrestres y un pelotón móvil para el municipio de Prado, cuyo potencial turístico se ve en riesgo por las extorsiones. Además, un batallón de fuerzas especiales hará presencia en las áreas urbanas y se pidió un aumento de pie de fuerza a la Policía Nacional.

La gobernadora se dirigió al presidente Gustavo Petro, con quien aún no habla, para invitarlo al consejo de seguridad, con el fin de que vea por sí mismo lo que ocurre en los municipios tolimenses. “En 20 años, quienes fuimos víctimas vimos y sentimos cambiar la historia del sur del Tolima y de Planadas. Dígame si no tengo por qué emocionarme, por qué reclamar con vehemencia –pero con respeto– que nos apoyen, que no nos dejen solos, que combatamos a los criminales que quieren tomarse el territorio”, concluyó la gobernadora.

Como el Tolima, muchos departamentos del país viven la violencia con la intensidad de años anteriores. Mientras el Gobierno negocia con grupos que ni siquiera cumplen los ceses al fuego, la población pide auxilio por la recuperación del control, ahora en manos de los criminales.